operativos fueron realizados la madrugada de este viernes en distintos puntos del país; abogados de algunos detenidos aseguran que todavía desconocen las imputaciones específicas contra sus representados.
Santo Domingo.— El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ejecutó la madrugada de este viernes nuevos allanamientos en distintos puntos del país como parte de la investigación denominada Senasa 2.0, una nueva fase de las pesquisas relacionadas con el presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
De manera preliminar, se reporta que al menos 29 personas fueron detenidas, en su mayoría médicos. La cifra todavía no había sido confirmada oficialmente en su totalidad por la Procuraduría hasta media mañana de este viernes.
La titular de la Pepca, Mirna Ortiz, confirmó la realización de los operativos y señaló que entre las personas detenidas figuran profesionales de la salud.
Los allanamientos incluyeron residencias, consultorios y establecimientos vinculados al sector salud. Abogados que acudieron a la Procuraduría General de la República para asistir a algunos de los arrestados manifestaron que, al momento de ofrecer declaraciones, todavía no conocían con precisión las imputaciones individuales formuladas contra sus representados.
Uno de los abogados informó que representa a siete médicos detenidos, en su mayoría cirujanos ortopédicos, quienes, según explicó, son señalados dentro de la investigación por presuntamente haber facturado procedimientos o servicios que no habrían sido realizados. Estos señalamientos forman parte de las versiones expuestas por la defensa y deberán ser establecidos dentro del proceso correspondiente.
Investigación continúa abierta
Los nuevos operativos forman parte de una investigación que comenzó a judicializarse a finales de 2025 mediante la denominada Operación Cobra, que involucró a exfuncionarios de SeNaSa y empresarios relacionados comercialmente con la institución.
El Ministerio Público sostiene que habría operado una estructura que presuntamente manipuló procesos internos, contrataciones y facturaciones, provocando un perjuicio económico al Estado que la acusación sitúa en cerca de RD$16,000 millones. Estos planteamientos corresponden a la teoría del órgano acusador y deberán ser determinados por los tribunales conforme avance el proceso.
Entre los principales imputados de la primera fase figura el exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Hazim, además de otros antiguos funcionarios y empresarios.
El pasado 4 de septiembre, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional concedió al Ministerio Público una nueva prórroga hasta el 11 de diciembre de 2026 para concluir las investigaciones y presentar la acusación correspondiente contra los primeros procesados.
Mientras avanzan los nuevos allanamientos y arrestos, las autoridades aún deben precisar oficialmente la cantidad definitiva de detenidos, sus identidades y las imputaciones individuales que corresponderían a cada persona investigada.
La investigación permanece en curso.
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