Sin llegar a acuerdos concretos o ni establecer consenso, los partidos políticos del país y el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) se sentaron ayer para analizar, a la luz de la Constitución y de las leyes electorales, los alcances de la precampaña y la campaña electoral y las prohibiciones que tienen las organizaciones en cada uno de esos tiempos.
Por poco más de cuatro horas, los partidos expusieron sus pareceres, sobre todo en lo concerniente a las últimas decisiones que ha adoptado la JCE, como el comunicado de admonición que prohíbe, antes de que comience la campaña, la celebración de eventos multitudinarios como mítines, marchas, caravanas y la divulgación de propaganda electoral como la colocación de vallas, afiches, pancartas, en espacios y lugares públicos, así como también la promoción de los aspirantes a través de medios de comunicación como la radio y la televisión y la resolución 53-23 que ratifica lo establecido en la comunicación de advertencia.
Entre los argumentos expresados los partidos en la “Cumbre sobre el marco regulatorio de la precampaña y campaña electoral”, estuvo la violación a la Constitución y las legislaciones en que, según muchos de ellos, incurren las organizaciones políticas mayoritarias, ignorando las disposiciones que el órgano electoral ha dejado por sentado.
Dentro de las críticas de las organizaciones políticas figuran las debilidades que tienen las leyes electorales en lo que respecta a las sanciones que deben tomarse cuando se incurre en violaciones en los tiempos de precampaña y campaña electoral. Por otro lado, algunos culparon a la JCE de no ser lo suficientemente estricta en sus decisiones para poner un alto a las actividades políticas a destiempo.
Dice JCE no es verdugo del proceso
Antes de las exposiciones de los partidos, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, manifestó que ese órgano no es el verdugo del proceso electoral y que, si lo han visto de esa forma, no es lo correcto.
Durante su intervención, en la que comentó que el país desde 1966 ha vivido en constante campaña por la celebración de elecciones cada dos años, expuso que la JCE es simplemente la entidad que administra el proceso electoral y debe hacer cumplir las reglas de juego.
Jáquez Liranzo señaló que la institución da pasos para seguir ganando la confianza y que continúan firmes y apegados a los principios y valores democráticos.
Señaló que el Pleno, en procura de este proceso, dio instrucciones a las direcciones de Informática, de Partidos Políticos, de Elecciones, de Financiamiento y Control de los Recursos, Voto en el Exterior, así como a las que impactan el proceso electoral, para que cada 15 días tengan reuniones con las delegadas y delegados acreditados para tratar todo lo concerniente al proceso electoral.
Rememoró que el país ha estado acostumbrado a una campaña permanente, al evocar que hubo elecciones en 1994, dos años después en el 1996; luego en el 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, cuando se produjo una reforma constitucional antes de los comicios del 2016.
Manifestó que una reforma electoral tiene consecuencias y que lo que se plasma en las leyes es lo que el órgano comicial tiene que hacer que se cumpla. “La JCE no es el verdugo de un proceso electoral y si acaso se ha visto así, no debe serlo, por lo menos en el contexto democrático e institucional actual. Es el órgano administrador”, apuntó.
Se reunirán de nuevo para presentar resultados
Indicó que el Pleno va a conocer cada uno de esos recursos, y que el órgano convocará a una reunión con los partidos para presentar los resultados de todo lo tratado en la cumbre de ayer. “El Pleno va a abocarse a conocer esos recursos de reconsideración y convocará a una reunión para presentar resultados con ocasión de esta cumbre, porque se han tratado temas de impacto y sobre todo aspectos que hacen que la JCE se tenga que abocar a conocer la reconsideración de la resolución 53-23 que solicitarán los partidos políticos”, señaló al concluir el encuentro que reunió a presidentes, secretarios y delegados políticos de las organizaciones reconocidas. Manifestó que, además, el Pleno debe observar otros recursos con respecto al comunicado de admonición y aspectos como como el financiamiento político, una propuesta sobre el comportamiento electoral, entre otros tópicos.