La propuesta de reforma constitucional impulsada por el Gobierno de Nicaragua ha generado preocupación dentro y fuera del país al plantear la exclusión electoral de ciudadanos desnacionalizados y declarados como “traidores a la patria”.
Managua, Nicaragua.– El Gobierno de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega y la copresidenta Rosario Murillo, prevé aprobar en septiembre, durante la primera legislatura de la Asamblea Nacional, una reforma parcial a la Constitución que impediría participar en procesos electorales a los opositores desnacionalizados y declarados como “traidores a la patria”.
La iniciativa, promovida por Rosario Murillo, forma parte de una serie de cambios constitucionales impulsados por el oficialismo y ha generado amplio rechazo por parte de diversos sectores de la comunidad internacional, que expresan preocupación por sus posibles efectos sobre la participación política y el estado de derecho en el país.
Organizaciones y observadores internacionales han manifestado inquietud por el impacto que esta reforma podría tener en las garantías democráticas y los derechos políticos de los ciudadanos afectados.
De ser aprobada conforme al procedimiento legislativo previsto, la modificación constitucional consolidaría nuevas restricciones para la participación electoral de personas que han sido despojadas de su nacionalidad por el Estado nicaragüense.
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