Un tribunal del Distrito Nacional impuso una sanción económica a la Procuraduría General de la República por el presunto incumplimiento de una orden judicial relacionada con la devolución de bienes incautados.
La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, condenó a la Procuraduría General de la República (PGR) al pago de más de RD$7.5 millones a favor de Juan Francisco Álvarez Carbuccia, uno de los diez imputados en el denominado caso Intrant.
La decisión corresponde a la liquidación de un astreinte, una sanción económica impuesta por el presunto incumplimiento de una resolución judicial emitida el año pasado, que ordenaba la devolución de bienes incautados y reclamados por el acusado.
De acuerdo con la resolución, durante la audiencia celebrada el 30 de junio, la defensa de Álvarez Carbuccia sostuvo que el Ministerio Público aún no había entregado un teléfono celular Samsung S3, del año 2012, que figuraba entre los bienes cuya devolución había sido ordenada por el tribunal.
El caso Intrant investiga una presunta estafa al Estado y el supuesto sabotaje de la red semafórica, proceso en el que varias personas enfrentan acusaciones por alegadas irregularidades.
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