La Comisión Nacional de los Derechos Humanos llevó ante el Tribunal Constitucional la controversia por el per cápita diferenciado del Seguro Familiar de Salud, al considerar que la medida podría afectar la igualdad, la seguridad social y el acceso a servicios de salud de los afiliados.
Santo Domingo.— La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sometió ante el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad contra la Resolución 624-02 del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), que establece un nuevo esquema de per cápita diferenciado para distribuir los recursos destinados a la atención médica de los afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS).
La entidad solicitó además que el caso sea conocido con extrema urgencia y que se disponga la suspensión provisional de la resolución, al considerar que su aplicación podría afectar la cobertura y la calidad de los servicios médicos de cerca de un millón de dominicanos.
El nuevo modelo contempla la distribución de recursos entre las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) tomando en cuenta variables como la edad y el sexo de los afiliados, con mayores asignaciones para grupos que estadísticamente presentan una mayor demanda de servicios sanitarios.
La CNDH sostiene que esta metodología podría provocar una asignación menor para determinados grupos, particularmente jóvenes y personas consideradas de menor riesgo, y advierte que esta clasificación no necesariamente significa que dichos afiliados tendrán menos necesidades médicas en el futuro.
La acción presentada busca que el Tribunal Constitucional determine si la resolución es compatible con los derechos fundamentales a la igualdad, la seguridad social, la salud y el debido proceso, contemplados en los artículos 39, 60, 61 y 69 de la Constitución dominicana.
La organización también cuestiona la aplicación de los principios establecidos en la Ley 87-01, entre ellos universalidad, solidaridad y equidad, así como aspectos relacionados con la evaluación de los efectos de nuevas regulaciones.
En ese sentido, la Comisión reclama que sean dados a conocer los estudios técnicos que sustentan la medida y sus posibles consecuencias sobre los afiliados y las ARS. También solicita determinar cuántas personas recibirían una asignación menor y cuáles mecanismos existen para evitar eventuales retrasos, restricciones o deterioro en los servicios de salud.
La controversia se produce mientras distintas instituciones han defendido el modelo. El CNSS sostiene que el per cápita diferenciado busca distribuir los recursos de manera más equitativa según el perfil de riesgo de los afiliados y fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema.
La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) también ha respaldado la Resolución 624-02 y ha señalado que esta contempla, entre otras medidas, la ampliación de determinadas coberturas de salud.
Ahora corresponderá al Tribunal Constitucional conocer los argumentos presentados y determinar la procedencia de la acción y de la solicitud de suspensión provisional.
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