El juicio contra diez exguerrilleros salvadoreños acusados de terrorismo por un supuesto plan para atentar contra el presidente Nayib Bukele durante su toma de posesión en 2024 fue aplazado por segunda vez este lunes.
San Salvador. — El inicio del juicio contra una decena de exguerrilleros salvadoreños acusados de terrorismo por supuestamente planear un atentado contra el presidente Nayib Bukele durante la toma de posesión de su segundo mandato, en 2024, fue aplazado nuevamente este lunes 7 de septiembre.
Activistas y familiares de los acusados denunciaron la existencia de “posibles tácticas dilatorias” y responsabilizaron al Órgano Judicial y al Sistema Penitenciario por la nueva suspensión del proceso, que había sido reprogramado luego de una primera interrupción ocurrida el pasado 11 de agosto.
Según los denunciantes, entre las razones expuestas para suspender nuevamente el juicio figuran problemas con la conexión virtual de los procesados y consultas médicas que algunos de los detenidos deben realizar durante esta semana. Los familiares solicitaron que los acusados sean trasladados físicamente a una sala de audiencia si las autoridades no pueden garantizar una conexión adecuada desde los centros penitenciarios.
Entre los diez imputados se encuentra Atilio Montalvo, exdirigente del antiguo Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin a 12 años de guerra civil en El Salvador.
Montalvo fue el único de los diez acusados que acudió a la primera cita judicial. El dirigente, de avanzada edad y con problemas de salud, enfrenta el proceso bajo medidas cautelares.
Los demás procesados son José Santos Melara, Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos, Roberto Antonio Esquivel y Luis Menjívar. Todos están acusados de supuestamente participar en un plan para realizar acciones violentas durante la toma de posesión de Bukele en 2024.
Las organizaciones que respaldan a los acusados sostienen que las sucesivas suspensiones prolongan el sufrimiento de los detenidos y sus familias, y reclaman que el proceso se desarrolle respetando las garantías judiciales.
El caso se produce en un contexto de fuerte tensión política en El Salvador, donde el gobierno de Bukele ha mantenido una política de seguridad de línea dura y ha enfrentado críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos por el tratamiento de personas detenidas.
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