La persistencia de presuntas ejecuciones extrajudiciales bajo el argumento de intercambios de disparos vuelve a poner en debate los métodos utilizados por la Policía Nacional en la persecución de personas buscadas por la justicia.
SANTO DOMINGO, RD.— Pese al llamado del presidente de la República, Luis Abinader, a las personas prófugas para que se entreguen a las autoridades, continúa generando preocupación la práctica conocida popularmente como «puesto en 29», una expresión utilizada para referirse a la muerte de presuntos delincuentes en circunstancias que, en ocasiones, son atribuidas a supuestos intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional.
Esta situación mantiene abierto el debate sobre los procedimientos empleados por los organismos de seguridad durante la persecución de personas requeridas por la justicia, así como sobre la necesidad de garantizar que cada operativo se desarrolle dentro del marco de la ley.
El llamado presidencial a la entrega voluntaria de los prófugos busca promover que estos respondan ante las autoridades por los hechos que se les imputan. Sin embargo, la persistencia de muertes durante intervenciones policiales plantea interrogantes sobre las garantías del debido proceso y el respeto al derecho a la vida.
La expresión «puesto en 29» se utiliza en el lenguaje popular para aludir a personas que mueren en circunstancias vinculadas a actuaciones policiales. No obstante, cada caso requiere una investigación independiente que permita establecer las circunstancias reales de los hechos y determinar si hubo uso legítimo de la fuerza o posibles excesos.
En un Estado de derecho, las personas acusadas de cometer delitos deben responder ante los tribunales, mientras que cualquier actuación policial debe estar sujeta a la Constitución, las leyes y los mecanismos de supervisión correspondientes.
La persecución del delito y la protección de la ciudadanía no excluyen la obligación de las autoridades de garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
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