Santo Domingo- La editora Actualidad Escolar 2000 pidió este miércoles a la directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, que investigue la participación del ministro de Educación y de otros funcionarios en la elaboración de la ordenanza 03-22, la cual dispuso la contratación de universidades para la producción de libros de texto y materiales para la enseñanza.
«Las actuaciones del Ministro de Educación, Ángel Hernández y del director de la recién creada Unidad Editorial, Manuel de Jesús Núñez Asencio, violan al régimen ético, disciplinario y la política nacional de “datos abiertos” del Estado dominicano, razón por la cual deben ser investigados por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)», dice la editora en una nota de prensa.
Asimismo, solicitó que indagar la dualidad de cargos que ostenta el director de la Unidad Editorial de Educación y la «obstaculización por parte del MINERD de la necesaria publicidad y transparencia” de los contratos realizados en el marco del proyecto “Libro Abierto”.
Según la denuncia interpuesta por la casa editorial “la consecuencia lógica de la participación protagónica, que no tangencial, del ministro Ángel Enrique Hernández Castillo en la elaboración de la Ordenanza núm. 3-2022, simple y llanamente vulnera el principio de imparcialidad y objetividad y transgrede los deberes y prohibiciones contemplados en la Ley núm. 41-08”.
Agrega que el ministro Hernández, a través del proyecto Libro Abierto, ha procurado que los libros de texto y materiales para la enseñanza sean producidos por universidades, intelectuales y academias, sustituyendo así la actividad de las empresas editoras.
“Por lo que resulta totalmente inexplicable, desde el ámbito del derecho, el plan antiético del señor Ángel Enrique Hernández Castillo de sustituir toda la industria editorial para que esta sea asumida por universidades, intelectuales y academias cuyas adjudicaciones y arbitraria selección ha sido oportunamente denunciada por Actualidad Escolar ante la Dirección General de Contrataciones Públicas” indica la editora.
Puntualiza el documento que el ministro de Educación deliberó y participó en la elaboración de la Ordenanza núm. 3-2022, mediante la cual se dispuso la contratación de universidades para la producción de libros de texto y materiales para la enseñanza, sin advertir el evidente conflicto de interés existente entre el ministro y los agentes del sector de la educación superior, del cual éste proviene.
En relación, Manuel de Jesús Núñez Asencio, -expresó que este finge como director de la Unidad Editorial, de manera concomitante con sus funciones de coordinador en el Ministerio de Cultura, lo cual se encuentra “constitucionalmente proscrito” además de haber anunciado sus aspiraciones de presidir la Academia Dominicana de la Lengua, la cual fue contratada por la referida Unidad Editorial.
“Lo anterior se encuentra constitucionalmente proscrito por el artículo 144 de nuestra norma fundamental, el cual señala que: ‘Ningún funcionario o empleado del Estado puede desempeñar, de forma simultánea, más de un cargo remunerado, salvo la docencia’,” afirma la editora.
La solicitud de investigación depositada ante la DIGEIG resalta que el Ministerio de Educación, “auspiciado” por su ministro y por el director de la Unidad Editorial han obstaculizado e incumplido los compromisos institucionales instaurados en el V Plan de Acción de Gobierno Abierto al despojar a la ciudadanía de la posibilidad de obtener y fiscalizar las contrataciones otorgadas en el marco del proyecto “Libro Abierto”.
La denuncia, depositada el pasado 18 de enero del año en curso, fue depositado por Rosmery González, en representación de la Actualidad Escolar le requirió al Ministerio de Educación, mediante la solicitud SAIP-SIP-000-75368, copia de los contratos públicos suscritos en ocasión a la iniciativa “Libro Abierto”.
«A la fecha de la presente denuncia, estas informaciones de carácter evidentemente público no han sido entregadas a la hoy denunciante” señala la editora. Según la denuncia, con esta acción violan el artículo 30 de la Ley 200-04», dice
FUENTE: elCaribe