La Junta Central Electoral suspendió provisionalmente la prohibición de publicar encuestas electorales fuera de los períodos de precampaña y campaña, una medida que ha sido valorada positivamente por sectores de la sociedad civil, pero que también genera cuestionamientos internos sobre las facultades del Pleno para modificar sus propias disposiciones.
Santo Domingo.– La Junta Central Electoral (JCE) suspendió de manera provisional la aplicación de la norma que impedía publicar o difundir encuestas electorales fuera de los períodos legales de precampaña y campaña, una decisión que genera posiciones encontradas sobre las libertades de expresión e información y los límites de las atribuciones del organismo.
La decisión
El Pleno de la JCE decidió el pasado 20 de agosto suspender la aplicación del artículo 13 del reglamento que regula el registro de firmas encuestadoras y la publicación de encuestas electorales, mientras permanece pendiente una controversia judicial sobre la legalidad y constitucionalidad de dicha disposición.
Sin embargo, la decisión no fue respaldada de manera unánime por los integrantes del Pleno.
Los jueces Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises votaron en contra de la resolución.
Sus objeciones, no obstante, no están dirigidas a defender la prohibición de publicar encuestas, sino al procedimiento utilizado por el órgano electoral para suspenderla.
Cuestionan facultad del Pleno
Los magistrados Fernández Guzmán y Vallejo Santelises consideran que el Pleno de la JCE no tenía facultad para dejar sin efecto, mediante una resolución administrativa, una disposición reglamentaria que había sido aprobada previamente por el propio organismo.
De esta manera, la decisión de suspender temporalmente el artículo 13 mantiene abierta la discusión jurídica sobre hasta dónde llegan las facultades reglamentarias de la Junta Central Electoral y cuál es el mecanismo correspondiente para modificar o dejar sin aplicación una norma previamente establecida.
Mientras el conflicto permanece pendiente en los tribunales, la suspensión provisional permite que las encuestas electorales puedan ser publicadas y difundidas sin que opere, por el momento, la restricción contemplada en el artículo cuestionado.
La controversia coloca nuevamente sobre la mesa el equilibrio entre la regulación electoral y derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información, especialmente de cara al proceso electoral dominicano.
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